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La iniciativa apunta a dar señales de estabilidad en torno a los precios de la energía, alinear los esquemas tarifarios del país y avanzar hacia el término de los subsidios.
Miércoles 28 de Mayo de 2014.- Dos días después de publicar la resolución 529 que actualizó los precios de la energía para el sector de generación, el secretario de Energía argentino, Daniel Cameron, firmó la resolución 530, que congela por un año las tarifas de electricidad en el interior del país.
La normativa oficializó la implementación de un acuerdo de convergencia tarifaria que fue firmando con casi todos los gobiernos provinciales -sólo restan Santa Fe y San Luis- en los últimos tres meses.
En términos programáticos, la iniciativa apunta a dar señales de estabilidad en torno a los precios de la energía a nivel nacional; alinear los esquemas tarifarios con parámetros comunes en todo el país; y avanzar con el término de subsidios, previa identificación de los sectores que deben permanecer protegidos. En la práctica, se aspira a mantener a flote al sector eléctrico hasta 2015.
El decreto también pretende reconstituir la cadena de pagos del sector, jaqueda por el congelamiento de las tarifas en Buenos Aires y por el incremento de los costos. La resolución establece que las distribuidoras con deudas deberán rubricar un plan de pago de hasta 36 cuotas y estipula que esos entendimientos deberán estar firmados en no más de 10 días.
Los acuerdos suscritos por el ministro de Planificación, Julio De Vido, con los gobernadores constan de dos componentes. El primero persigue la estabilización de las tarifas eléctricas, por lo que las 21 provincias firmantes se comprometen “por 365 días a retrotraer y mantener sin modificaciones los cuadros tarifarios vigentes”. A su vez, deberán informar a la Secretaría de Energía el Valor Agregado de Distribución (VAD) -lo que cuesta llevar la electricidad hasta los usuarios de cada red- en su jurisdicción.
El segundo componente de los acuerdos se define como “Acciones necesarias para la convergencia tarifaria” y establece que las distribuidoras que no tengan deudas podrán ejecutar “obras tendientes a mejorar la eficiencia de la prestación del servicio de energía eléctrica, con el objeto de eliminar los puntos de saturación del abastecimiento y perder las pérdidas de la red”.
La inversión que demanden esos trabajos será financiada “parcialmente o totalmente” por el Estado, señala el documento, que no ha sido publicado aún en el boletín oficial de Argentina, con lo que se ofilizará, pero ya fue difundido por el diario electrónico El Inversor On Line.
Si bien no se publicó el monto que demandarán esas tareas, se estima que oscilará entre los USD 25 y USD 37 millones anuales por provincia. El costo a nivel nacional -que se financiará con el Fondo Unificado previsto por la Ley 24.065 (de Energía Eléctrica)- superará los USD 50 millones.
La resolución propone, por primera vez de manera explícita, avanzar en el retiro de subsidios a los usuarios residenciales de la red con poder adquisitivo suficiente para pagar el precio pleno de la energía. “Las distribuidoras se comprometen a realizar en forma conjunta un estudio de identificación de usuarios que, por su capacidad económica, puedan afrontar los costos de los tres segmentos que integran las tarifas del sector eléctrico (costo mayorista, costo del transporte y VAD)”, indica uno de los considerandos del texto, que lleva la firma del Secretario de Energía.
Sin embargo, nada dice del tan mentado retiro de subsidios en el área Metropolitana en las zonas de concesión de Edenor y Edesur, las dos principales distribuidoras del país, las únicas que permanecen bajo la órbita del Gobierno nacional. Aún así, en la industria advierten que esta medida es un paso previo en esta dirección. “Con este acuerdo, la Casa Rosada se asegura que en caso de aumentar las facturas de electricidad en Buenos Aires, el resto de las provincias no responda con un incremento tarifario”, señala en la publicación un alto ejecutivo del sector.
La resolución estipula una serie de situaciones de incumplimiento que podrían desembocar en una pérdida de beneficios de las distribuidoras. Las empresas provinciales deberán, así, evitar caer en cesación de pagos y estarán obligadas a avanzar “en la identificación de usuarios a los que correspondería la normalización de la facturación y cronograma para la aplicación de reducción de subsidios”.
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